Asfixia financiera: Una periodista y un diario piden ayuda a sus lectores

(Foto compuesta: Correo del Sur)

ANF

Un estado de asfixia financiera empujó esta semana a una periodista y a un diario a solicitar el apoyo de sus lectores, en una emergencia que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) atribuye a una sistemática campaña destinada a debilitar a los medios independientes.

La periodista Amalia Pando, en principio, y ahora el diario Página Siete pusieron en marcha planes de urgencia orientados a mitigar las dificultades generadas por la falta de ingresos por publicidad, tanto privada como estatal.

Pando declaró que las entidades gubernamentales no publicitan en su programa radial “Cabildeo” y sus redes sociales, pero el miedo a sufrir represalias tributarias también ahuyenta a los anunciadores privados que restaron apoyo al trabajo de la comunicadora y a un equipo de periodistas.

El matutino El Diario también denunció la doble presión. El gobierno no coloca publicidad en el medio centenario y, por el testimonio de los anunciadores privados, agentes del servicio impositivo advierten que la compra de espacios en el periódico independiente supondrá una sanción económica.

“Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza”, señala un mensaje dirigido a los lectores de la página virtual del medio impreso.

“Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel”, se lee al final de cada noticia ofrecida a través de su página www.paginasiete.bo.

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La situación es inédita en Bolivia y refleja las denuncias realizadas por el presidente de la ANP, Marcelo Miralles Iporre, durante la audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina, en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el pasado 28 de febrero, en Bogotá.

Miralles describió ante los miembros de la CIDH el conjunto de normas y políticas orientadas a silenciar el trabajo de periodistas y medios independientes.

Un total de 12 decretos y leyes imponen la publicación de avisos y campañas gubernamentales de manera gratuita, y restan un 30 por ciento de ingresos a los medios privados, según datos generados por las empresas periodísticas afectadas.

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