Tribunal Internacional dictamina que los gobiernos de Morales y Añez son responsables de Ecocidio, por incendios

“Lo sucedido en la Chiquitanía durante los incendios del 2019 ha sido un ECOCIDIO provocado por autoridades bolivianas (administrativas, judiciales, etc) y el agronegocio», menciona el documento de sentencia difundido hoy por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

Luego de dos audiencias en las que se recibieron y socializaron testimonios de organizaciones, indígenas, activistas, bomberos forestales e instituciones estatales, acerca de los incendios ocurridos en Bolivia el 2019 y sus actuales consecuencias, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), emitió hoy su sentencia y dictaminó que hubo un ecocidio y entre los responsables están el gobierno de Jeanine Áñez y la ex administración de Evo Morales.

“Lo sucedido en la Chiquitanía durante los incendios del 2019 ha sido un ECOCIDIO provocado por autoridades bolivianas (administrativas, judiciales, etc) y el agronegocio», menciona el documento de sentencia difundido hoy.

Entre las medidas que plantea para evitar desastres similares, el TIDN determina se deben abrogar de manera inmediata las leyes que promueven los incendios y la depredeación de los bosques, incluídas las leyes transgénicas (mencionándolas una a una).

«Se concluye que corresponde la sindicación como autores del delito de Ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al gobierno de Morales 2019,  y (al) gobierno de Jeanine Áñez 2020 y (la) gobernación de Santa Cruz», dictamina el documento. 

También se estableció que se debe hacer una “pausa ecológica” en la región afectada y evitar asentamientos y labores agrícolas como el monocultivo y uso de transgénicos.

La lectura de esta sentencia por el caso “Pueblos indígenas, Chiquitanía, Amazonía y Chaco contra el Estado Plurinacional de Bolivia”, tuvo la participación -de forma virtual mediante plataformas digitales- de representantes en diferentes regiones de Sudamérica y Bolivia.

Los encargados de dar este veredicto fueron los jueces Patricia Gualinga (Ecuador), Nancy Yañez (Chile) y Felicio Pontes (Brasil), quienes escucharon los testimonios y datos presentados con las pruebas respectivas sobre lo ocurrido en los incendios del segundo semestre del 2019, cuando se quemaron más de 5 millones de hectáreas y se afectó a cerca de 27 territorios indígenas de tierras bajas y 20 áreas protegidas nacionales y subnacionales.

Si bien este veredicto no es vinculante, es decir de cumplimento obligatorio para los Estados, es un precedente que marca una demanda de los pueblos indígenas en contra  de más incendios y la devastación de sus territorios, así como genera incidencia en la lucha de la sociedad para la protección del medio ambiente y la petición de abrogar normas que atentan contra los derechos de la naturaleza.

Durante las audiencias y los testimonios, además de dar a conocer las secuelas que dejó este desastre ambiental, apuntaron a la abrogación de un paquete normativo que permitió la expansión de la frontera agrícola en tierras de producción forestal permanente, que, unido a las fuertes heladas y posteriores sequías que azotaron la región durante la gestión pasada, propiciaron un escenario favorable para que el fuego se expanda de manera descontrolada.

Fuegos transfronterizos

Durante la presentación de su testimonio, el cacique general de la Central Indígena Chiquitana Germán Busch, Vicente Parabá, explicó que, además de los incendios y quemas que se realizan en el territorio boliviano, también se encuentran amenazados por los incendios que ocurren en otros países e ingresan al territorio nacional, lo cual agrava la emergencia en la que se mantienen las comunidades indígenas.

“Se debe ver el tema de los fuegos transfronterizos, porque la mayoría de los incendios ingresan desde Brasil o Paraguay por la ampliación de sus pastos ganaderos y están afectando a Bolivia; lamentablemente nuestras autoridades no están haciendo lo que corresponde a través de Cancillería”, aseveró.

Testimonios:

Richard Rivas, director de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural del Valle de Tucabaca:

“Al menos seis comunidades indígenas y campesinas fueron afectadas de forma grave con la quema de sus cultivos y viviendas; también se afectó a las microcuencas y nacientes de agua que proveen a la región; a fauna y flora endémicas que hasta ahora no fueron cuantificados”.

Zoila Zeballos, presidenta del Comité de Gestión de Área de Conservación y Patrimonio del Valle de Tucabaca

“Fueron 70 días que vivimos esta zozobra. Los niños tuvieron que ser puestos a buen resguardo, y las mujeres y hombres se quedaban para apagar el incendio. Pedimos que se respeten las normas vigentes para la prevención de incendios y la anulación de las normas que favorecen a los desmontes”.

ANF…

Comparte este contenido:

Prensa

Medio de Comunicación dedicado a la difusión de información local, departamental, nacional e internacional de interés colectivo. Mantener la calidad y veracidad de la información.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.